Por Martín de J. Takagui
El gobierno actual tiene claro que su objetivo es atender las necesidades de los más pobres, lo cual es una noble meta, pero esa atención no puede basarse en el exterminio de la industria nacional, que es la principal fuente de empleo.
Recientemente, ante el presidente Andrés López Obrador, el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa informó que, en el proceso de compras consolidadas de medicamentos para el Sector Salud, las negociaciones de precios, dieron como resultado un ahorro de mil millones de pesos, jugosos ahorros.
El deslumbrante anuncio fue revirado por los farmacéuticos nacionales, quienes se quejaron de que la forma en que el gobierno presionó las compras y los precios, representó un ahorro al gobierno, pero esos mil millones de pesos impactaron gravemente a la industria farmacéutica mexicana que genera 87 mil empleos directos y cerca de 400 mil indirectos.
La farmacéutica es una industria de la que poco se habla, pero en realidad, es una de las ramas industriales estratégicas e importantes, pues genera empleos de la mayor calidad, que en su mayoría son formales, con salarios promedio de 22 mil 400 pesos, mientras que el promedio de salarios de la manufacturera es de 11 mil 500.
Después de “lograr” esa compra con ahorros millonarios con precios de castigo, el gobierno desapareció el 3 de julio pasado la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos e Insumos para la Salud, organismo en el que participaban todas las instituciones de salud, para otorgar transparencia a las compras de estos productos.
Ahora, la cuarta transformación, de manera tramposa, pide a los industriales farmacéuticos cotizaciones millonarias y de cientos de productos para resolver en 24 horas, sin posibilidad de dar una respuesta seria.
Al ya no existir dicha comisión, el gobierno ha procedido, sin restricción alguna, a hacer las compras con la industria trasnacional, dejando fuera de toda posibilidad de negociación a los farmacéuticos nacionales, poniendo en marcha contratos de compra millonarios en un marco de total opacidad.
Es evidente que la cuarta transformación hoy busca evadir dándole la vuelta a todos los mecanismos de transparencia para realizar negociaciones extralegales que dejan mucho a la imaginación.
Al parecer la rendición de cuentas, la transparencia y la honestidad serán el talón de Aquiles de la actual administración o de la cuarta transformación, en la que pareciera que se trata de un retroceso.
No está de más recordar que la transparencia, la rendición de cuentas, como la eficacia en el quehacer administrativo del país, son elementos que enriquecen a la democracia y que hoy están siendo desplazados por la grave incapacidad administrativa.
Esas deficiencias en el manejo del país han llevado al límite el manejo de las finanzas públicas que la Secretaría de Hacienda reporta con un ínfimo crecimiento del Producto Interno Bruto, de apenas una décima de punto porcentual, para el segundo trimestre de 2019.
En recientes fechas, la senadora zacatecana, Claudia Edith Anaya, dijo desde la tribuna camaral que el Legislativo estaba dando muestra de cómo se destruyen las instituciones en muy poco tiempo y aquí estamos viendo cómo se destruye la confianza del país entre los inversionistas internacionales.
Sin duda, la amenaza de una recesión y posiblemente de momentos de crisis para el país, están a la vista, las decisiones que se han tomado en la materia no son alentadoras para nadie, aunque algunos tengan otros datos.
