SENADORES DE MORENA O MAGOS

Las disposiciones constitucionales no son soluciones mágicas, sino legales, pero los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional quieren desaparecer los poderes constitucionales, como por arte de magia, porque condiciones legales y constitucionales no existen en los estados de Guanajuato y Tamaulipas para ello.
En toda la época postrevolucionaria, las amenazas de juicio político en contra de funcionarios públicos, de legisladores o de gobernadores, se constituyeron siempre como una forma de espantar a los políticos con el “petate del muerto”
Y es que esa era una forma de amenazar a quienes pretendían salirse de las normas no escritas y de los acuerdos que por debajo del agua se hicieron en muchos temas y por mucho tiempo.
El juicio político, es una facultad del Congreso de la Unión, como lo es también el juicio de procedencia, el cual tiene como objetivo retirar el fuero constitucional a quien se pretende castigar y dejarlo en condiciones de que se pueda procesar penalmente.
En la Sección Instructora, que es el subgrupo de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados existen archivados decenas o centenares de expedientes, muchos de ellos que han prescrito, otros que dejan de ser vigentes, porque los funcionarios concluyeron con sus cargos.
Jorge Díaz Serrano y Andrés Manuel López Obrador son quienes en la historia contemporánea fueron sujetos a juicio de procedencia, aunque en el segundo caso el Ministerio Público Federal fue instruido para que no se procediera.
Pero estas solamente son referencias, porque hoy, por lo que vemos en el Senado de la República la amenaza para los gobernadores es que le desaparezcan los poderes.
El desde el fin de semana se conocieron las intenciones de iniciar una guerra de desaparición de poderes de gobernadores del PAN y de un gobernador de Morena, los de Guanajuato y Tamaulipas blanquiazules y el de Veracruz que es marrón.
En los tres casos se anunció que se trataba de condiciones de violencia extrema y delincuencia organizada en plena actuación, pero en realidad nada de ingobernabilidad, pero sí de incapacidad de frenar los delitos, como lo existe en todo el país y más acentuadamente, en esas entidades, como en la Ciudad de México y el estado de Michoacán.
Las amenazas de desaparición de poderes tampoco son nuevas, la última real y dictaminada fue en 2006, cuando Samuel Ruiz Ortiz, entonces gobernador de Oaxaca dejó crecer el movimiento magisterial y después se contaminó con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Entonces una comisión plural de tres senadores acudió a la entidad, para verificar que las instituciones y sus titulares estaban presentes, estaban funcionando y respondían a las necesidades de la entidad, había edificios institucionales tomados, calles bloqueadas, el Palacio de Gobierno estaba cerrado, el Palacio Legislativo tomado, el Poder Judicial había sido vandalizado e incendiado, pero había respuesta del gobierno.
El dictamen fue negativo, aunque no en sus respectivas sedes, con problemas de movilidad, con la mala voluntad del gobierno federal hacia Ulises Ruiz y grandes sectores de sus pobladores en contra, todo ello no fue suficiente para declarar ingobernabilidad y por lo tanto desaparición de poderes.
Hoy los casos de las tres entidades en comento no tienen ni la mitad de los problemas políticos y sociales, quizás es más grande por la cantidad de víctimas mortales, pero es un solo problema, como lo es el de la violencia que lleva al crimen y la muerte, pero es un solo problema, el de la seguridad.
La seguridad es un problema, como ya lo señalamos, no se limita a esas entidades y los senadores de Morena, como los panistas debieran estar preocupados por impulsar leyes y reglamentos de coordinación de esfuerzos para abatir con eficacia la violencia.
Es evidente, con todo este teatro que se trata de confrontaciones entre las bancadas senatoriales de Morena y del PAN, que solamente podrán ver su fin hasta el proceso electoral de 2021.