A lo largo de, al menos tres lustros, Andrés López Obrador ha pensado en ser Presidente de la República Mexicana y que ello implica una serie de observaciones sobre la realidad del país; la forma en que los problemas, las carencias y el desarrollo evolucionan.
La simple observación, detenida de lo que ha realizado la actual administración en sus primeros nueve meses, deja ver que el gobierno de López Obrador ha iniciado sin pies ni cabeza, que es verdad lo denunciado por diputados federales en el sentido de que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 no es más que un cúmulo de buenos deseos.
Desde el inicio del mes de diciembre pasado, los analistas políticos han coincidido con políticos de partidos de oposición, quienes aseguran que esta administración ha estado actuando con base en ocurrencias y que no existe un plan que impulse esa serie de acciones conjuntas que sumen esfuerzos para cumplir los objetivos del gobierno.
La semana pasada, casi de manera soterrada se manejó la versión de que funcionarios de la Secretaría de Gobernación habrían viajado a las entidades icónicas de la violencia en México, como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Veracruz, lo que obligó, ante las interrogantes de los reporteros, a Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación a aceptar que había diálogo con grupos armados.
Las versiones oficiales señalaron de una y otra parte que el objetivo era buscar la pacificación del país, la propia titular de Gobernación, habló de grupos que estaban dispuestos a deponer las armas, porque ellos mismos quieren dejar de vivir entre la violencia y la muerte, pero además dejó entrever que se trataba de grupos del crimen organizado.
Sus palabras fueron en el sentido de que se trata de los grupos que se enfrentan y que generan gran número de muertes. ¿Y quiénes son esos grupos? Pues desde hace, al menos diez años, se ha dicho que quienes se enfrentan son los grupos del crimen organizado, quienes luchan por el control de las rutas de la droga, por los mercados de enervantes internos y por el mercado de la criminalidad, como los secuestros, los asaltos y el cobro de uso de suelo.
En otras palabras, quienes generan violencia los grupos del crimen organizado, pero nadie se atrevería a decirlo así con todas sus letras: “estamos dialogando con los grupos criminales para que dejen de matarse”: nadie lo dijo así, pero en realidad así lo explicó la secretaria de Gobernación.
Más lejos aún fue el presidente Andrés López Obrador, quien aseguró, en primera instancia que se trataba de analizar los casos, evaluar las condiciones para impulsar una Ley de Amnistía, un perdón a los criminales, para que pudieran ser liberados, y en el caso de quienes no estaban encarcelados que depusieran las armas y que prometieran que habrían de portarse bien.
La propuesta de López Obrador señala que “revisar los expedientes de los procesados y sentenciados a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o de indulto, considerados en todos los casos al cumplimiento de los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”.
Ante la sorpresa de importantes sectores de la población, opinólogos y comentaristas de los medios de comunicación, de pronto, el mismo presidente dio marcha atrás y negó que se estuviera dialogando con los matones, mientras tanto, Sánchez Cordero aseguró que ese proceso de pacificación a través del diálogo con los violentos se canceló por indicaciones precisas del presidente López Obrador.
La pacificación de México no es un asunto menor, este proceso iniciado por el presidente panista Felipe Calderón ha costado a las familias mexicanas cientos de miles de muertos y los intereses que mueven a la violencia son los más obscuros que pueden mover a la humanidad.
El gobierno del presidente López Obrador no puede tomar a la ligera el asunto, un día iniciar acciones, al día siguiente se le descubre en un intento de acuerdo por debajo del agua y después, simplemente se desecha. ¿Cuál es el rumbo del país?
LA FALTA DE PROYECTO
