Por Martín de J. Takagui
La forma violenta en que fueron tomadas las instalaciones del CCH Azcapotzalco este miércoles dan muestra de que el conflicto de cierre de escuelas en la Universidad Nacional Autónoma de México, dan una muestra inequívoca de que “hay mano negra”, como lo dice el presidente Andrés López Obrador.
A pesar de que el director del plantel Azcapotzalco aseguró que todos los que ingresaron golpeando gente a sus instalaciones están inscritos en diversas unidades académicas de la Casa de Estudios, es claro que se trata de golpeadores profesionales.
En este espacio hemos comentado que los casos de acoso sexual, de la muerte de un estudiante, por negligencia médica y las cuestiones de género han sido tomadas como pretextos para desestabilizar a la UNAM.
Desde hace tiempo en la lucha por el poder en la UNAM se ha mencionado el nombre de John Ackerman, quien es esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que además es una gran amiga de la primera dama, la señora Beatriz Gutiérrez Müller.
De acuerdo con el actuar del jefe de las instituciones mexicanas, desde que inició su administración hace 15 meses ha sido clara su intención de tomar el control de los órganos desconcentrados, de las entidades y de los poderes, pero en el caso de la universidad no se descarta un interés de desestabilizarla para alcanzar la renuncia del recién reelecto rector Enrique Graue.
Podría pensarse que el rector no ha podido alcanzar los acuerdos necesarios para pacificar a la UNAM, pero se alcanzan acuerdos y se rompen, mediante los asaltos protagonizados por personas de entre 35 y 40 años de edad que difícilmente puede pensarse que son estudiantes.
Lo malo es que cada ocasión los hechos son de mayor gravedad y en este caso, ya hubo heridos graves, descalabrados, destrozos en las instalaciones educativas, tanto en la dirección del CCH Azcapotzalco, como en la reja principal.
Hombres y mujeres armados con piedras, palos y hasta martillos atacaron no solamente las instalaciones físicas, sino que se fueron en contra de los directivos, que algunos de ellos tuvieron que ser trasladados a hospitales para su atención médica.
Las cosas no están fáciles para el rector de la UNAM, pero al parecer el gobierno no se inmuta, al grado que desde el interior del plantel se buscó el apoyo de la policía que brilló por su ausencia y durante dos horas que duró la refriega, no hubo autoridad alguna de la Federación ni de la Ciudad de México que interviniera.
La impunidad es uno de los males que ha condenado el actual gobierno, pero pareciera que no quiere combatir ni evitar. Desde la tarde del miércoles, las instalaciones del CCH Azcapotzalco fueron ocupadas nuevamente por los golpeadores y la solución no tiene para cuándo.
Un nuevo proceso electoral de rector sería prácticamente imposible, lo más fácil sería orillarlo a que renuncie, mediante este tipo de actos vandálicos, pues Graue fue designado para el período 2019-2023, fecha para la cual, a López Obrador ya no le serviría de mucho, pues su gestión concluye en 2024.
La vida interna de la UNAM siempre se ha revestido de autonomía, pero la autoridad judicial y ministerial no puede hacer a un lado su obligación de atender este tipo de actos que ponen en riesgo el futuro académico de 350 mil alumnos y el ejercicio del derecho al trabajo de los miles de catedráticos que hoy también ven amenazada su integridad.
En una verdadera democracia esto no tiene cabida, los mexicanos no podemos permitir que sigan estos problemas que ya han contaminado el ambiente académico de otras universidades públicas.
El problema universitario puede crecer, la autoridad es responsable de lo que suceda y el rector Graue poco puede hacer frente a los grandes intereses políticos que amenazan su permanencia.
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