Línea Fifí
Las consultas públicas, los estudios de viabilidad, el entorno legal entre otras consideraciones para plantear una reforma constitucional, es lo de menos para el titular del Poder Ejecutivo federal, si su proyecto no es constitucional, que se cambie la constitución.
En la época del autoritarismo más recalcitrante del PRI más rancio, existían varios chistes que hacían alusión a la forma en que un presidente imponía su voluntad, por encima de todo y a su antojo.
Uno de ellos era cuando el mandatario preguntaba: ¿qué hora es? Y de inmediato, el interlocutor le respondía “las que usted diga señor presidente”.
Otro de ellos era cuando el presidente decía que los cocodrilos volaban por el bosque y alguien lo quería corregir diciendo “los cocodrilos no vuelan señor” y él preguntaba, quién dice que no vuelan, pero de inmediato reponía el interlocutor: “buenos si vuelan pero muy bajito”.
En recientes fechas, el presidente Andrés López Obrador ha criticado, ha mandado investigar y ha querido desvirtuar la legalidad, la autonomía y el apego a derecho de la decisión del juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó la suspensión provisional de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Se desató, de inmediato, un primer choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, pero cuando no se había dirimido, ya también el juez en materia económica Rodrigo de la Peza López Figueroa, concedió 11 suspensiones provisionales, luego de haber recibido sendas solicitudes de amparo en contra de la entrada en vigor de ducha reforma.
Al ver que el Poder Judicial prácticamente en pleno, como los académicos y barras de abogados condenaron las formas y las represalias que quiso tomar en contra de Juan Pablo, López Obrador tuvo que buscar otro camino para lograr la consolidación de su objetivo de hacer a un lado a los empresarios que cumplieron con la ley y realizaron sus inversiones para convertirse en industriales de la electricidad.
Las acusaciones de saqueadores, de abusivos, de corruptos, por parte del presidente López Obrador en contra de los empresarios, se repitieron una y otra vez, pero ante la imposibilidad de lograr una corrección por parte de los jueces, López Obrador buscó otro camino.
Sencillamente el jefe del Poder Ejecutivo encontró otra solución, que quizás tendría que tomarse de manera precipitada, que sea la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos sea la que se reforme.
Se trata del mundo al revés antes de cualquier decisión, tendría que haberse concretado la reforma constitucional y después la Ley de la Industria Eléctrica. Pero hay que tomar en cuenta que, a estas alturas de la LXIV Legislatura federal, lograr dos terceras partes de los votos para una reforma constitucional en ese sentido sería muy difícil.
Y es que en otro momento, podría haberse alcanzado el número de votos para la reforma constitucional, pero las campañas políticas ya están en marcha, los tiempos electorales siempre han sido difíciles para el Poder Legislativo y nadie de la oposición pensaría en hacer una alianza en ese sentido.
El mayor de los problemas es que el actual período ordinario de sesiones concluye el 30 de abril, pero las elecciones son hasta el 6 de junio, y cuando eso suceda es muy probable que, para la siguiente legislatura, la correlación de fuerzas haya cambiado y sea mucho más difícil concretar la voluntad del señor presidente.
La contrarreforma eléctrica y la energética en general, tendría que haberse promovido en el primer año de la actual administración, es probable que en este momento y en lo que resta de la actual administración no se logre dar marcha atrás a las reformas que impulsó el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Hoy será muy complicado que los diputados y senadores del bloque del gobierno: Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Encuentro Social logren la reforma constitucional y las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica dormirá el sueño de los justos, los amparos seguirán surtiendo efecto y posiblemente en ese estado concluya el sexenio.
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